A través de un tweet en la cuenta oficial del Poder Judicial, se declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por el presidente Pedro Castillo para ser excluido de investigaciones como el Caso Puente Tarata.

La defensa del mandatario alegó qué, según la constitución, Castillo Terrones solo puede ser acusado por 4 causas establecidas en el artíiculo 117. Frente a esto el juez supremo César San Martín, preció que es una obligación constitucional la presecución del delito, considerando indispensable el realizar las diligencias preliminares para evitar la pérdida de fuentes o pruebas.

En este orden, el jefe de estado seguirá siendo investigado por la Fiscalía de la Nación durante el ejercicio de sus funciones por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada entre otros.

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