En redes sociales, circuló un video de policías antimotines el martes pasado que desbloqueaban el corredor minero del sur, en el tramo Chalhuahuacho. Parecía el inicio de la solución al nuevo conflicto social que había detonado hace diez días contra el Gobierno, la minera Las Bambas y la municipalidad distrital.
Las comunidades del distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas-Apurímac, tomaron la cabecera de la vía desde el 7 de noviembre. Desde esa fecha, la compañía minera no puede abastecerse de insumos para la producción ni de alimentos para el campamento de trabajadores. Tampoco su producción. El jefe de las Fuerzas Especiales de la PNP, general Reátegui, se reunió la noche del martes con representantes de ministerios que intentan poner fin al conflicto y dirigentes. El diálogo fue infructuoso. Los voceros de la huelga ratificaron su paro
¿Por qué la Policía no restableció el orden y tomó el control de la vía? Una fuente del Ministerio del Interior (Mininter) dio una versión que revela las discrepancias internas del Ejecutivo sobre el conflicto.
Para el Mininter, el diálogo no debe cerrarse. Comunidades, Estado y empresa minera aún pueden explorar una solución pacífica. Una intervención represiva puede provocar muertos y prender como reguero de pólvora procesos de diálogo en otras comunidades.
En cambio, para la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Energía y Minas, explica la misma fuente, no les compete conversar con las comunidades. Las demandas son a la compañía minera y esta debe atenderlas. Aunque el listado extenso (ver recuadro) contradice el punto de vista oficialista. Los pedidos sí alcanzan a varios ministerios. Ante esta respuesta, los frentes de Challhuahuacho pidieron la presencia in situ del presidente Castillo.
El gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, ratifica que el Ejecutivo ha engañado a los dirigentes de este distrito. Recordó que el año pasado, en Lima, con varios ministros y viceministros, se suscribieron acuerdos. Casi nada de eso se ha llevado a la realidad porque de manera permanente se cambian titulares de cartera y los nuevos desconocen lo firmado por el anterior, dijo el jefe regional de Apurímac.
Fuente: LA REPÚBLICA